Por Maximiliano Amaya

Es notorio que es un problema la desigual distribución de a tierra en la argentina del Siglo XXI. Esto viene dado desde hace muchas décadas, pero en los últimos años se ido profundizando, ya sea por aumento poblacional en las grandes urbes, como también las migraciones (externas e internas) que se dan en el área metropolitana de Buenos Aires y ciudades como Córdoba, Santa Fe y Rosario.

Hace mucho tiempo que no hay una producción de viviendas populares para solucionar el déficit habitacional en la argentina. Los créditos hipotecarios, para comprar una casa están a tazas de interés muy altas como para que un trabajador promedio pueda acceder a la vivienda propia. Lo último que se hizo fueron los créditos UVA que otorgó el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de las elecciones de medio término de 2017. Cabe recordar que fueron una verdadera estafa electoral, porque con la aceleración de la inflación en 2018 y 2019, tanto el capital como los intereses y las cuotas que los beneficiarios de los créditos se elevaron a niveles insostenibles. María Eugenia Bielsa, Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, había prometido en la campaña electoral que solucionaría el problema. No lo hizo. Ya que los grandes ganadores de los créditos UVA no fueron los bancos privados, si no los públicos.

En el último tiempo hemos visto una serie de tomas de tierra por parte grupos vinculados a los movimientos sociales y a sus dirigentes justificar tal acción argumentando que la única forma de acceso al suelo es mediante la usurpación. Pero… ¿no es un delito la toma de tierras? En efecto lo es. ¿Y qué dice el código penal sobre eso?

El capitulo 6º del código penal argentino lleva el titulo de “Usurpación” y dicen en su articulo 181, inciso 1º. «El que por violencia, amenazas, engaños abusos  confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes».

En el caso de Guernica es una propiedad privada y argumentándose en el artículo anterior del código penal, el juez Martín Rizzo ordenó el desalojo del predio. Lo cual genera otro interrogante. Sobre el derecho a la vivienda digna.

En el articulo 14 Bis la Constitución Nacional dice: « (…) El estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: (…) la protección integral de la familia, defensa del bien de la familia, la compensación económica familiar y el acceso a la vivienda digna».

Es complicado el problema desde un punto de vista jurídico. Ya que por un lado es cierto que el derecho a la propiedad, por parte de los dueños del predio, es un derecho fundamental. Y que las organizaciones sociales, violentan dicho derecho, argumentando que es la única forma que tienen de acceso a la tierra, como ya se dijo antes. También es cierto que muchos punteros políticos “venden” tierras que no les pertenecen, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de las familias más pobres –sería muy ingenuo negar esta situación–. Pero también es un derecho fundamental el acceso a la vivienda digna, consagrado en la constitución nacional. ¿Cómo se puede solucionar el conflicto? Desde la política.

Hasta el día de ayer. El 85% de las familias ocupantes del predio se fueron del lugar. Esto fue un trabajo del ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque. Los que fueron atacados por las fuerzas de seguridad fueron las bandas pesada que no quisieron hacerlo por las buenas.

Estas tomas también son el resultado de una mala política habitacional llevada a cabo desde el ministerio que conduce María Eugenia Bielsa. Fernanda Miño es Secretaria de Integración Socio Urbana del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, pero, a su vez, Miño viene la CTEP, organización social que conduce Juan Grabois. Aquellos que se quejan que no hay una política de hábitat, son los mismos que ponen a los funcionarios en el ministerio que debería ejecutar dichas políticas.

Esto sucede también porque no hay una planificación correcta de la urbanización del territorio. Las empresas constructoras se siguen dedicando a los edificios de departamentos en los barrios céntricos (esto se ve principalmente en Capital Federal donde el gobierno de Larreta se ha dedicado mucho a eso. Hoy lo vemos con el acceso a lugares públicos que se quieren privatizar como ser Costa Salguero y el acceso a la rivera del Rio de la Plata), mientras que algunas cooperativas de vivienda solo pueden construir (para las clases trabajadoras con ingresos medios) en barrios periféricos, apartados de servicios básicos como el transporte urbano.

La única salida posible a este problema es desurbanizando las grandes ciudades y poblando las ciudades menores (Alta Gracia, Rio Ceballos, Unquillo, Villa Rumipal, etc). Pero para eso es necesario generar puestos de trabajo que tienten a los trabajadores a dejar ciudades como Córdoba y Santa Fe. Esto se hizo anteriormente, con la radicación de empresas electrónicas que se radicaron en Tierra del Fuego. La demanda de trabajo en Ushuaia y Rio Grande llevó a muchos trabajadores a solicitar empleo en dichas ciudades. Es complicado, si. Más en este contexto donde los niveles de desempleo llegan a compararse con los de 2001. Sin embargo la argentina ya tiene experiencia de crecer rápidamente después de una recesión profunda. En los últimos años se han estado ahorrando muchos millones de dólares para la especulación financiera. Lo que hay que hacer, desde un modelo de producción y trabajo, que esos dólares financien la inversión productiva, que permite generar puestos de trabajo genuino, en blanco, con todos los beneficios de la seguridad social y no empleos precarios que necesitan de un plan social que lo único que hacen es violentar el derecho de “igual trabajo, igual salario”, como se ven en los movimientos sociales.

foto TELAM