La dictadura económica

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas protagonizaron en la Argentina un nuevo golpe de Estado. Interrumpieron el mandato constitucional de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, quien había asumido en 1974 después del fallecimiento de Juan Domingo Perón. El gobierno de facto, constituido como Junta Militar, estaba formado por el general Jorge Rafael Videla (en el Ejército), el almirante Emilio Eduardo Massera (en la Marina) y el brigadier Orlando Ramón Agosti (en la Fuerza Aérea). La madrugada del 24, la Junta Militar se impuso como la máxima autoridad del Estado y difundió un comunicado en todo el país en el que afirmaba que asumía la conducción del Estado Nacional.

 

Se había perpetrado un nuevo golpe de Estado cívico-militar que, al igual que los anteriores, contaba con el apoyo de importantes grupos de poder: los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros; los medios de comunicación, que colaboraron en la preparación de la sociedad para aceptar el golpe como única alternativa para salir de la crisis; la jerarquía católica; algunos dirigentes políticos y sindicales, y también la oligarquía de la Sociedad Rural, dueña de casi todas las tierras del país, De esta forma se organizó la tarea represiva contra lo que la dictadura llamó el “accionar subversivo”, disfrazando así sus verdaderas intenciones, que eran implementar medidas económicas liberales impartidas desde de la llamada “Escuela de Chicago”, como parte de la Operación Cóndor, para repeler el avance del comunismo en Latinoamérica, luego de la Guerra Fría. Ese 24 de Marzo, la Junta Militar hace anuncio por cadena nacional de los objetivos del Proceso de Reorganización Nacional.

 

El Secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger 
y el dictador argentino Jorge Rafael Videla.

El objetivo de la dictadura se basó en la monopolización de la renta, la especulación financiera y el disciplinamiento social. Este plan económico fue ideado por Henry Kissinger, Secretario de Estado de Norteamérica, durante las presidencias de Richard Nixon y Gerald Ford. Propuso restablecer la hegemonía del libre mercado, restringir la participación del Estado en todos los aspectos y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros, aunque ello significara sacrificar la industria local. Para llevarlo a cabo, el gobierno militar utilizó la propaganda para adoctrinar a la población con los mensajes enviados desde Washington.  

 

 

Las madres del dolor

Habían transcurrido ya dos años del comienzo de la dictadura cívico-militar. Dos años de terrorismo de Estado, en donde la Junta, con colaboración civil, secuestraba y asesinaba personas sistemáticamente, extrayéndoles su identidad. 

Para esconder la masacre que el gobierno militar estaba llevando a cabo, utilizó como fachada el mundial de 1978 para intentar demostrar al mundo, que Argentina era un país ordenado y encaminado hacia el progreso. El 1° de Junio de ese mismo año, Jorge Rafael Videla, inauguraba el mundial de fútbol, dando un inescrupuloso discurso que quedará guardado en la memoria colectiva de nuestro país. 

 

 

 

En ese mismo momento, al tiempo que Videla anunciaba un día de júbilo para la nación, un periodista holandés que había venido a cubrir el mundial, en lugar de ir al estadio donde se estaba celebrando el evento futbolístico, se dirigió hacia Plaza de Mayo. Allí se encontró con un grupo de mujeres, a quienes el gobierno militar llamaba “Las locas de plaza de Mayo”. Bastó solo una pregunta, una sola, para sacar a la luz la verdadera situación que estaban viviendo esas madres.

 

 

 

Esas madres fueron perseguidas y difamadas por la dictadura militar con la complicidad de los medios de comunicación, pero ellas nunca dieron un paso atrás, nunca dejaron de buscar.

 

El pasamanos del poder y la resistencia del pueblo unido

La dictadura ejerció el terrorismo de Estado a través de la represión, la persecución, los asesinatos, la desaparición de personas y la apropiación de menores, con el objetivo de generar miedo, aislamiento y así controlar a la población. En ese contexto, el periodista José Ignacio López, que por entonces trabajaba en la agencia Noticias Argentinas, preguntó a Videla por los desaparecidos.

 

 

 

A comienzos de los 80, la abundancia de dólares baratos se transformó en sequía. La política de peso fuerte de la dictadura se derrumbó, y sobrevino una fuerte devaluación. Pero no todos salieron perdiendo. El Banco Central comandado por Cavallo otorgó “seguros de cambio” a las deudas privadas. El Estado solventó los costos de la devaluación para los empresarios, entre ellos Franco Macri. Se estatizó el 55% de la deuda privada; y la deuda pública que habían adquirido los militares rondaba los 45 mil millones de dólares.

E 29 de marzo del 81 asume el mando Roberto Viola como primer reemplazo de Videla ante la crisis económica. Su ministro de economía Lorenzo Sigaut (Sigót), puso de moda la frase “el que apuesta al dólar, pierde”. Ese año la inflación llegaría al 131%.

Ante el fracaso de Viola, lo sucede en el mando Leopoldo Fortunato Galtieri. La persona que, sospechado de estar alcoholizado y enardecido, le declaró la guerra al Reino Unido. Para ocultar el fracaso del gobierno de facto, la dictadura buscó como recurso la unión de los argentinos en un reclamo histórico de nuestra nación: el reclamo de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

 

 

 

Después de siete años desde el comienzo de la dictadura; sin Galtieri, y con Bignone a la cabeza de los destinos de nuestro país, la presión internacional, la demanda popular y el desgaste político de los grupos gobernantes, profundizado por la derrota en la guerra de Malvinas en 1982, derivaron en el llamado a elecciones. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió como presidente constitucional de la Argentina y la Plaza de Mayo se llenó de gente que fue a festejar la vuelta de la democracia.

 

Discurso de asunción de Raúl Alfonsín en Plaza de Mayo - 1983

 

Ni olvido, ni perdón. ¡Nunca más!

A cinco días de asumir, Alfonsín iniciaba el proceso de enjuiciamiento a las juntas militares. Ese 15 de diciembre de 1983, también creó la Comisión Nacional de Desaparición de Personas o CONADEP, que comenzó a integrarse por figuras ampliamente reconocidas por su trayectoria en el ámbito científico, jurídico, educativo, social, cultural y otras áreas del conocimiento. Luego, el 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal dictó una histórica sentencia sin precedentes a nivel mundial, en el marco del Juicio a las Juntas Militares, la emblemática «Causa 13» llegaba a su fin con condenas que confirmaron un plan sistemático de exterminio por parte de la dictadura cívico militar que había usurpado el poder el 24 de marzo de 1976. Este hecho fue un ejemplo internacional de lucha y victoria, enviando un mensaje al mundo: en Argentina, las dictaduras son juzgadas por un tribunal civil. 

 

 

 

Con el afán de reconciliar a las Fuerzas Armadas con la sociedad, el 22 de febrero de 1987, el presidente de la nación Raúl Alfonsín promulga la Ley de Punto Final, que estableció la prescripción de acciones legales contra los acusados de haber cometido los delitos de desaparición forzada de personas, detenciones ilegales, violaciones, torturas y asesinatos durante la dictadura, y que no hubieran sido llamados a declarar «antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la ley». Luego, el 4 de junio del mismo año, entraba en vigencia la Ley de Obediencia Debida, que dispone la extinción de acciones penales a los militares que, “cumpliendo órdenes”, cometieron crímenes bajo el gobierno de facto. Esta ley excluía de los procesos judiciales a los subalternos, la mayoría oficiales y suboficiales, porque según justificaban, estos debían cumplir las órdenes de sus superiores.

 

 

Tras un nuevo fracaso económico, con una hiperinflación de más del 3000%, y en medio de un estallido social, Alfonsín renuncia a su cargo y asume Carlos Saúl Menem. 

En Octubre de 1990, el nuevo presidente, desde La Rioja, le otorga el indulto a los responsables del golpe militar que no habían sido favorecidos con las leyes de «Punto final» y “Obediencia debida”, y que desde el 76 hasta el 83 secuestraron, torturaron, desaparecieron personas, y se apropiaron, no solo de bienes materiales sino, además, de los niños y niñas de los detenidos-desaparecidos, nacidos en cautiverio.

 

 

 

Pero el 21 de agosto de 2003 el Senado convertía en ley la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, conocidas como la leyes de la impunidad o del perdón, que impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados. 

Dos años después, el 14 de junio de 2005, en una decisión histórica, la Corte Suprema declaró inconstitucionales estas leyes, lo que permitió que cientos de represores, civiles y militares, cuyos enjuiciamientos se interrumpieron en 1986, por fin sean juzgados.

Finalmente, con el pueblo en la calle pidiendo justicia, la memoria de todos aquellos que cayeron bajo las sangrientas manos del terrorismo de Estado, se comienza a limpiar. Finalmente se le pudo poner nombre y apellido a la salvaje dictadura militar, brazo armado de los dueños de la parte negra de la historia argentina. Por eso, ni olvido, ni perdón. Nunca más.