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Proscripciones y coincidencias: se cumplen 67 años del decreto que prohibió al peronismo
Hoy el Tribunal Oral Federal 2 dio a conocer los fundamentos del fallo que condena y busca expulsarde la vida política a Cristina Kirchner. Ya sea por casualidad, premeditación o avatar de la historia, hoy también se cumplen 67 años de la publicación del decreto con que la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu inhabilitó a desempeñarse en cargos públicos a quienes representen al peronismo y mencionen todo lo relacionado a él.
El decreto ley 4161/1956 de la denominada Revolución Libertadora fue sancionado el 5 de marzo de 1956, poco menos de un año después del golpe de Estado contra el gobierno de Juan Domingo Perón. Pero su publicación en el Boletín Oficial se hizo efectiva cuatro días después, el 9 de marzo. Un día como hoy.
Tenía un solo objetivo, la desperonización; un intento de la derecha desde hace más de 70 años. Prohibió la sola mención de los nombres de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, como así también los conceptos “peronismo”, “peronista” y la Marcha Peronista.
También las “imágenes, símbolos, signos y expresiones significativas; doctrinas, artículos y obras artísticas” relacionadas con ese partido político.
Un año antes ya se había resuelto la disolución del Partido Peronista, al que se llamó “régimen depuesto”. Esta vez, el decreto que hoy cumple 67 años ratificó esa máxima expresión de odio y dispuso:
- Penas de 30 días de cárcel y multas a quienes violen la normativa.
- La “inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena para desempeñarse como funcionario público o dirigente político o gremial.
- La “clausura por quince días, y en caso de reincidencia, clausura definitiva cuando se trate de empresas comerciales.
- Y dejó claro que, “cuando la infracción sea imputable a una persona colectiva, la condena podrá llevar como pena accesoria la disolución”.
Los ítems fueron enumerados en el artículo 3 del decreto firmado por los golpistas Aramburu, Isaac Rojas y Álvaro Alsogaray. Luego de su publicación, el gobierno de facto se encargó de hacer lo que el periodista desaparecido Rodolfo Walsh describió en el Epílogo de Operación Masacre: “Toda una obra social se destruye, se llega a segar piscinas populares que evocan el ‘hecho maldito’, el humanismo liberal retrocede a fondos medievales: pocas veces se ha visto aquí ese odio, pocas veces se han enfrentado con tanta claridad dos clases sociales”.
El decreto que prohíbe toda mención del peronismo revalida la proscripción del 3855/55 que disolvió al partido pero, por si faltara poco, redobla la amenaza contra la dirigencia y apunta contra cualquier simpatizante o militante que intentara abrirse espacio.
La proscripción a Cristina Kirchner
Justo en el aniversario de ese decreto, el fallo del TOF 2 integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso que proscribe a Cristina Kirchner incluyó entre sus páginas un intento de defensa de los jueces a esa acusación.
Intentaron rebatir el objetivo proscriptivo de su sentencia y calificaron de “desparpajo” las interpretaciones en ese sentido. Sostuvieron que la intención que se les endilga son “un cliché” que trata “influir más en el ámbito de los medios de comunicación que en cualquier otro universo”. Pero lo cierto es que el fallo contiene una proscripción de hecho.
