Murió Otilio Romano, el fiscal y juez del genocidio
A los 79 años y en su casa, donde cumplía su condena a prisión perpetua que había recibido por participar de secuestros, torturas y homicidios durante la última dictadura cívico militar eclesiástica, falleció Otilio Romano, fiscal y juez que integró el aparato de protección e impunidad que encubrió los crímenes de lesa humanidad. Romano era juez de Mendoza cuando la Justicia que supo manejar como marioneta lo cercó hasta revelar su participación en el genocidio. Intentó zafar huyendo a Chile. No lo logró.
Durante décadas, Romano construyó su lugar de poder dentro del Poder Judicial mendocino. Fue juez de Cámara durante décadas y, para cuando la nulidad de las leyes de impunidad y su inconstitucionalidad dictada por la Corte Suprema posibilitaron la reapertura del proceso de juzgamiento a los genocidas de la última dictadura, el hombre se resistió desde la Cámara Federal de la provincia. Había escalado hasta su presidencia y, claro, tenía sus razones para oponerse a los juicios de lesa humanidad: desde su rol de fiscal y, en ocasiones juez subrogante, había convalidado violaciones a los derechos humanos contra por lo menos un centenar de víctimas del terrorismo de Estado.
La condena a Romano
A mediados de 2017 le llegó su condena a prisión perpetua, en el marco de lo que para la historia quedó registrado como “El juicio a los jueces”. En un proceso que se extendió durante tres años, el Tribunal Oral federal número 1 de Mendoza lo juzgó junto a sus colegas Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Max Petra Recabarren y Luis Miret, y una treintena de militares del Ejército y la Fuerza Aérea y policías.
Los jueces habían llegado al debate acusados de fallas en el cumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, al no investigar delitos de lesa humanidad que pasaron por delante de sus ojos y oídos. Sin embargo, en el veredicto los jueces consideraron probadas su participación necesaria en decenas de secuestros, torturas y asesinatos.
En el caso de Romano, aquella condena fue confirmada y ampliada en 2020 por el mismo tribunal, luego de que la Sala IV de la Cámara de Casación Penal ordenara reveer algunos puntos –sobre todo absoluciones– que habían dictado tras el debate.
Romano llegó al debate destituido de su cargo de juez y después de permanecer prófugo durante años. Las denuncias de sobrevivientes y de organismos de derechos humanos lo fueron cercando en una causa que investigó la red represiva que vinculó a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía con diversos centros clandestinos de la provincia para implementar en ese territorio y en las provincias de la zona cuyana el plan de exterminio de la última dictadura. En 2011 el juez federal Walter Bento lo procesó por su complicidad con el aparato represivo, pero como seguía siendo juez no fue detenido. Entonces, la lucha abrió otro camino: el de su destitución.
El intento de fuga a Chile
Un día antes de que el Consejo de la Magistratura lo suspendiera debido a sus vínculos con el genocidio, en agosto de 2011 Romano se fugó a Chile, donde intentó hacerse pasar como refugiado político sin éxito. Mientras tanto, en Argentina el proceso de su destitución continuó hasta que fue concretado en diciembre de aquel año.
Entre los elementos probatorios que se analizaron en el proceso, los miembros del jury de enjuiciamiento en contra de Romano se basaron en testimonios de personas que sufrieron sus delitos y de familiares de ellas. Uno fue el de Luz Faingold, que en 1975, cuando tenía 17 años, fue detenida, esposada, encapuchada y mantenida encerrada en condiciones inhumanas en una celda del Departamento de Informaciones número 2 de la Policía de Mendoza por orden del juez Miret. Allí fue abusada. Un día, después de que ella pidiera a gritos que le quitaran las vendas de las manos porque perdía la circulación, ingresó alguien “de traje y corbata” a la celda. Cuando ella le preguntó si se iría ya, esa persona le dijo que no. Y se fue. Era el fiscal Romano.
La destitución del camarista mendocino fue una decisión unánime del jury: lo acusaron de haber omitido sistemáticamente denunciar e investigar secuestros, desapariciones, torturas, apremios ilegales y violaciones, de los que tenía conocimiento directo por las declaraciones y reclamos de las víctimas que recibió como fiscal desde 1975 –con la Triple A– y durante la última dictadura.
Desde el país vecino, el juez represor intentó darlo vuelta y llegó hasta la Corte Suprema. Fue finalmente extraditado a Argentina en 2013 y juzgado.
