Espionaje ilegal: Casación no logra determinar qué jueces revisarán el sobreseimiento de Mauricio Macri
La Cámara Federal de Casación está encerrada en su propio laberinto: el tribunal sigue sin poder determinar qué jueces revisarán el sobreseimiento que Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia le dictaron a Mauricio Macri en la causa por el espionaje a las familias de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017.
El expediente está en manos de la Sala II de la Casación. Hasta ahora, hay dos jueces que se sabe que intervendrán: Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma. El tercero era Carlos Mahiques, pero está recusado por su viaje a Lago Escondido.
Todo indica que Yacobucci se inclinaría por sostener a Mahiques y Ledesma por apartarlo. En esa situación, se necesita un tercero que desempate. Inicialmente quien debía hacerlo era Eduardo Riggi, pero se jubiló al cumplir los 75 años. Días atrás, se informó que el afortunado sería Daniel Petrone.
Pero la querella de familiares que encabeza la abogada Valeria Carreras recusó al juez por su “amistad confesa” con el exministro de Justicia Germán Garavano. Petrone ya se había apartado, por ejemplo, de la causa del D’Alessiogate porque Garavano estaba presentado en el expediente.
El argumento de Carreras es que la mesa judicial del macrismo que integraba Garavano –“amigo” de Petrone– fue responsable de hacer que Mahiques pasara de la Casación ordinaria a la federal sin mediar concurso, por lo que la imparcialidad del juez podría estar comprometida. Por el momento, no hubo novedades en Casación. Primero habrá que resolver la recusación de Petrone. En caso de que sea sostenido en la Sala, los dos jueces y la jueza deberán decidir si Mahiques continúa interviniendo.
Casación debe revisar el sobreseimiento con el que la Cámara Federal benefició a Macri en julio pasado. En ese momento, Llorens, Bruglia y Bertuzzi sostuvieron que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hizo tareas de vigilancia sin orden judicial sobre los parientes de los submarinistas, pero justificaron este accionar diciendo que estaba en peligro la seguridad del entonces presidente.
“Represento a un puñado de familiares –en su mayoría mujeres– que no sólo se quedaron sin su ser amado, sino que fueron víctimas de espionaje por parte del Estado, y ahora vuelven a ser revictimizadas ante un fallo atroz vergonzante inmoral aberrante e ilegal. Un fallo que las coloca como victimarias potenciales”, escribió Carreras en la presentación a la que accedió Página/12.
