Las guirnaldas que adornan calles y vidrieras destellan con un brillo que contrasta con la penumbra de los bolsillos. Según la consultora Scentia, 6 de cada 10 argentinos ya saben que no habrá regalos bajo el arbolito: la intención de compra para estas fiestas cayó al nivel más bajo de los últimos 20 años. La abstención no es una moda; es la consecuencia de un salario real que acumula una pérdida del 25 % en dos años, una inflación que supera el 160 % interanual y una política de contención del gasto que reduce subsidios, paritarias y programas sociales. El mensaje oficial es claro: primero la meta fiscal, después el pan dulce.
El 22 de diciembre el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 951/2023, que transfiera a la órbita privada la operación de cuatro represas clave del Comahue: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. El texto firmado por la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, y los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Omar Gutiérrez y Claudio Vidal, establece un plazo de 180 días para conformar la “Sociedad de Economía Mixta” que administrará los activos. La participación del Estado quedará reducida al 33 % y el control tarifario pasará a un ente regulado por el mercado. En otras palabras: el agua que riega el desierto patagónico y la energía que abastece al 12 % del país cambiarán de dueño.
Mientras se firman convenios con corporaciones, la Cámara Federal confirma el sobreseimiento del diputado Gerardo Milman (PRO) por la frase que pronunció en un bar porteño: “Cuando la maten a Cristina voy a estar camino a la costa”. Los jueces Bertuzzi, Bruglia y Llorens consideraron que se trató de una “expresión desafortunada” sin “voluntad concreta de ejecutar la amenaza”. La misma sala, en cambio, mantiene abierta la causa de los “Cuadernos” contra Cristina Fernández de Kirchner a pesar de que el testigo Nicolás Ciccone declaró que el testaferro Rafael Llorens —hoy imputado— tenía vínculos con la cúpula de Cambiemos. El expediente nunca investigó esas líneas. Doble vara que, para la defensa, configura un caso más de lawfare.
La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya supera los 37.000 millones de pesos en sobreprecios detectados por la AFI. Los audios que encabezan la causa revelan que el exdirector Diego Spagnuolo habría exigido un “retorno” del 10 % a cambio de autorizar la compra de medicamentos oncológicos y de esclerosis múltiple. En los chats figura el nombre de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, como posible destinatario de parte de esos fondos. La fiscalía ya pidó su indagatoria; en Casa Rosada responden que “no hay pruebas” y que la funcionaria “no firma contratos”. Mientras tanto, 1,3 millón de personas con discapacidad siguen esperando el 100 % de cobertura prometida en campaña.
Entregar represas, blindar a un legislador que anticipa un magnicidio y mantener procesada a la vicepresidenta con pruebas que apuntan a otro lado no son hechos aislados. Son aristas de un mismo rompecabezas: un modelo que reduce el gasto social, privatiza activos estratégicos y judicializa la oposición. Por eso este año el pan dulce pesa 4.200 pesos y el juguete promedio supera los 20.000. La plaza está decorada, pero la fiesta está cancelada. Y no por una mala racha: por una política de Estado.