El Senado aprobó y convirtió en ley los cambios en Bienes Personales 

Sin la presencia del bloque de Juntos por el Cambio en el recinto, el Senado aprobó y convirtió en ley las modificaciones al impuesto sobre Bienes Personales, que volvió a la Cámara alta tras los cambios acordados en Diputados la semana pasada. Las modificaciones, que se espera beneficien a 500 mil contribuyentes, fueron aprobadas por 37 votos afirmativos del oficialismo y senadores de bloques provinciales, y un voto en contra. Juntos por el Cambio se retiró de la sesión al considerarla nula por haber comenzado 10 minutos después de lo pautado. 

“Creo que todos podemos coincidir en que las modificaciones efectuadas por Diputados mejoran de alguna manera la ley. Actualizar por el IPC de manera anual los mínimos imponibles significa previsibilidad para los contribuyentes”, destacó el senador Alberto  Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) durante su intervención. 

Por su parte el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, destacó las cambios introducidos en la Cámara baja y cargó contra la oposición por la estrategia legislativa planteada en las últimas semanas, que también dejó sin Presupuesto 2022 al Ejecutivo nacional. 

“Me llama la atención que algunos digan que dejar al país sin Ley de Presupuesto fue una victoria, estoy seguro que para el país fue malísimo. En 2015, cuando entregamos el Gobierno, votamos un presupuesto con amplias facultades para el Ejecutivo, en tiempo y forma”, les recordó el senador formoseño. 

Bienes Personales: el detalle de la nueva ley

La norma aprobada en la Cámara alta incrementa el piso para Bienes Personales de 2 a 6 millones de pesos (y de 18 a 30 millones para inmuebles destinados a residencias), además de subir las alícuotas para los patrimonios más altos: pasando de 1,25 a 1,5 para aquellos con bienes entre 100 y 300 millones de pesos, y a 1,75 para aquellos que tienen más de 300 millones, entre ellos, los bienes declarados en el exterior. 

El proyecto, a su vez, incorpora un artículo que prorroga la facultad del Poder Ejecutivo para actualizar el piso de Ganancias.

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