Fake news: Patricia Bullrich y el poder del recortar la información
Más de cinco mil veces lleva compartida en Twitter una fake news creada por la presidente del PRO, Patricia Bullrich. La ex ministra de Seguridad leyó un título de una nota de La Nación, hizo una captura de pantalla y escribió un texto creando una ficción que no se correspondía con la información de la nota. “El Gobierno destina 1000 millones para garantizársela a los presos que delinquen desde la cárcel”, falseó Bullrich para encender la indignación de sus seguidores. En realidad se trató de una inversión para no frenar los procesos judiciales.
La red social permite compartir el link para que cualquier persona pueda acceder a la información completa, pero Bullrich decidió no hacerlo y solo publicar una captura de imagen en la que se lee el título: “Inversión tecnológica: destinan mil millones de pesos para mejorar el acceso a Internet en las cárceles”.
Sin más preámbulos, la presidente del PRO inventó que esa inversión estatal estaba destinada a darle conexión a internet a los presos, como si los centros de detención fueran amables cybers cafés. Y para agitar a sus seguidores completó la falsa noticia con datos fuera de contexto: “Alrededor de 1,5 millones de chicos abandonaron las clases en pandemia por la nula conectividad, pero el gobierno destina 1000 millones para garantizársela a los presos que delinquen desde la cárcel.”
Si la presidenta del PRO hubiese compartido el acceso a la nota de La Nación, todos los usuarios de la red podrían haber desmentido a la ex ministra de Cambiemos y de la Alianza y comprobado que la inversión en las cárceles fue realizada por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), dependiente del Ministerio de Justicia, fue para agilizar el proceso de las causas judicial en tiempos de pandemia y, al mismo tiempo, ahorrar costos de traslado.
“El objetivo de cambiar el tendido de fibra óptica de las cárceles federales tiene como finalidad continuar con las audiencias de forma virtual y, así, ahorrar el dinero y los recursos humanos que se destinan al traslado de los presos hacia los tribunales para presenciar las audiencias que los tienen como protagonistas”, sostiene la nota y agrega que “también se busca mejorar el servicio de Internet en los sectores de los establecimientos penitenciarios donde los internos estudian y se capacitan”.
Reinserción laboral
En este último punto, fue el propio Poder Judicial el que –prácticas pandémicas mediante– en un fallo reciente sentó jurisprudencia para que el SPF asegure la conexión de internet en los centros de detención para facilitar la reinserción laboral de los detenidos.
El fallo del Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº5, en diciembre pasado, valoró la solicitud de un detenido, que recibió una oferta para trabajar en la empresa editorial IJ International Legal Group, con sede en Buenos Aires y presente en 18 países de habla hispana. “Un caso sumamente excepcional, en el que un actor privado pretende colaborar con el proceso de reinserción social de un detenido, brindándole una herramienta fundamental como lo es un trabajo remunerado”, sostuvo el fallo.
