Pasan años pensando en su partida. Trabajan con el único objetivo de pagarse su pasaje en una patera. Lo intentan dos, tres y hasta cuatro veces. Logran llegar a España, les expulsan y, meses o años más tarde, lo vuelven a intentar. Temen morir en el camino, pero aseguran que es mejor que permanecer en Argelia.
Uno de cada cuatro migrantes que llega en patera a España es argelino; la ruta está en auge, el país africano en decadencia y las autoridades en alerta. “El aumento de llegadas y salidas por mar es la fría consecuencia de la desesperación de los jóvenes frente a un régimen que cierra todas las puertas ante las demandas ciudadanas de cambio político, de libertad, justicia y dignidad”, explica el politólogo argelino Raouf Farrah. “La catastrófica gestión de la crisis de la covid-19 y un contexto socioeconómico muy delicado han agravado esta desesperación”, añade.
Ali B., de 32 años, era pintor y ayudaba a su padre en el campo, pero no encontraba la manera de prosperar. Se subió a una patera en noviembre de 2017 y desembarcó en Cartagena (Murcia) junto a más de 500 personas, en la llegada más multitudinaria que se recuerda en la región. Fue internado y expulsado, pero volvió a intentarlo. En 2018 y en 2019. Hasta que, en junio de 2020, su barco llegó a un puerto murciano. “Yo solo trabajaba para poder pagarme el viaje”, cuenta. Belacel mantiene que no veía otra opción que emigrar, que sus hermanas son asmáticas y no reciben el tratamiento que necesitan en su país y que quería ayudar. A escondidas de la familia, se embarcó a las cuatro de la mañana junto a diez amigos en una patera de cuatro metros y un motor de poca potencia. Pagaron 850 euros cada uno y pasaron 22 horas en el mar. “Rezamos durante todo el viaje, el mar estaba revuelto y tuvimos mucho miedo”, recuerda.
Argelia vive un momento crítico. La pandemia ha frenado el Hirak, el movimiento de protestas pacíficas contra el actual sistema de Gobierno, iniciado en febrero de 2019, pero el malestar y la sensación de opresión de la población va en aumento, sobre todo entre los más jóvenes. “En el contexto de la pandemia, la sensación de mala vida e injusticia son muy fuertes. Nuevos problemas como las restricciones a la movilidad, la crisis de liquidez y la falta de oportunidades en la economía informal se han sumado a los viejos males”, señala Farrah, que es analista senior del centro de estudios Global Initiative Against Transnational Organized Crime. “A esto se suman las violaciones de las libertades, el hostigamiento judicial contra activistas y ciudadanos y el autoritarismo de un régimen agonizante, pero reacio a cualquier idea de cambio democrático”, argumenta el politólogo. A la crisis social, además, se añade el prolongado deterioro económico derivado del desplome de los precios del petróleo, en un país extremadamente dependiente de los hidrocarburos, y el acusado desempleo juvenil.
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