Mendoza se ha convertido en el epicentro de una disputa nacional que define el futuro del país: la defensa del agua frente al avance de un modelo extractivista impulsado por el gobierno nacional y provincial. Con la aprobación del proyecto minero San Jorge y un paquete de iniciativas similares, la «tierra del sol y del buen vino» vive una profunda grieta social, institucional y ambiental.
El martes 9 de diciembre de 2025, el Senado mendocino aprobó con 29 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge, operado por PSJ Cobre Mendocino. Este hito es el primero de su tipo desde la sanción de la Ley 7722 en 2007 —conocida como la «Guardiana del Agua»— que prohibía el uso de sustancias tóxicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en la megaminería.
La decisión no fue un hecho aislado. Fue la culminación de una «ofensiva sistemática» que incluyó la creación de un Fondo de Compensación Ambiental (que opera como un salvataje del Estado hacia los privados) y una Ley de Regalías Mineras de apenas el 3%, muy por debajo del 5% que habilita el RIGI nacional. Además, se aprobó la expansión de 27 proyectos en el Malargüe Distrito Minero Occidental, incluso con un protocolo para actuar en ambientes periglaciares, alineados con la intención del presidente Milei de modificar la Ley de Glaciares.
El proyecto San Jorge, ubicado en Uspallata, promete una inversión de 559 millones de dólares y la creación de 3.900 empleos en la construcción y 2.400 en la operación. Se estima una producción de 40.000 toneladas anuales de cobre fino durante 16 años.
Sin embargo, las cifras oficiales son cuestionadas. Expertos como Marcelo Giraud señalan que los datos de empleo prometido son «ostensiblemente menores que los defendidos públicamente» y que las regalías son mínimas frente al beneficio neto que obtendrá la empresa. Además, el proyecto usaría agua del Arroyo El Tigre, cuyos caudales conocidos «no son suficientes» para sostener la extracción sin comprometer el ecosistema, especialmente en inviernos secos.
La grieta es clara. Por un lado, el bloque oficialista (Cambia Mendoza) y parte del peronismo, que ven en la minería una «oportunidad histórica» para diversificar la matriz productiva, alineados con el discurso nacional de «transición energética» y atracción de inversiones del RIGI. El gobernador Alfredo Cornejo y la vice Hebe Casado han sido los principales impulsores.
Por otro lado, un amplio arco social conformado por asambleas ambientales, comunidades científicas, pueblos originarios y ciudadanos comunes que defienden el agua como un bien común. Miles de personas marcharon en la «Gesta Libertadora por el Agua» frente a una Legislatura «vallada» por la protesta y un fuerte operativo policial.
La comunidad científica ha puesto múltiples alertas. Dictámenes del Departamento General de Irrigación, la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC) y el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA) del CONICET señalaron «debilidades estructurales» en el estudio de impacto ambiental presentado por la minera:
- Uso de datos hidrológicos desactualizados (de 2008-2010) sin considerar el cambio climático.
- Insuficiencia de muestras de roca (solo 4 analizadas) para evaluar el riesgo de drenaje ácido.
- Falta de certeza sobre la conectividad del proyecto con el acuífero Yalguaraz y la cuenca del río Mendoza, que abastece al 75% de la población provincial.
En un hecho gravísimo, un documento del CONICET Mendoza que advertía sobre los riesgos del proyecto fue publicado y luego censurado y borrado de la web oficial del organismo. La Asamblea de Trabajadorxs de Conicet expresó su «máxima preocupación» por este acto de censura.
Con la DIA aprobada, la empresa ahora deberá completar la factibilidad definitiva, avanzar con pozos de relleno y formalizar su ingreso al RIGI. Pero las organizaciones ambientales ya han anunciado que continuarán la lucha «en las calles y en los tribunales».
El conflicto en Mendoza excede lo provincial. Es una batalla nacional que define el tipo de desarrollo que queremos: un modelo extractivista que prioriza el negocio a corto plazo o la defensa de los bienes comunes naturales para las futuras generaciones. Como advierten las voces de las asambleas, «el agua no se negocia». Mendoza, hoy, es la línea de frente.